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| Mientras los vecinos luchan contra la sustentabilidad de las comunidades, los gobiernos cordobeses eligen mirar hacia otro lado... |
Mientras el gobierno de la provincia de Córdoba intenta
avanzar en la Legislatura con el proyecto de modificación de la ley de Bosques,
el apoderado de Ticupil, Diego Buteler busca postularse como consejero de la
Cooperativa de Agua de Oro, como una forma más de avanzar con el controvertido
proyecto de un barrio privado junto a la Capilla de Candonga, en las Sierras
Chicas y que complicaría la provisión de agua potable a las comunas de El
Manzano, Cerro Azul y Agua de Oro. Ticupil es controlada por el vicepresidente de
Cohen SA, Alberto Spagnolo, denunciada por el caso de Córdoba Bursátil y
que también participa de los fideicomisos
de endeudamiento de la Municipalidad de Córdoba. Un extraño caso de doble
vínculo, donde los gobiernos parecen favorecer a empresarios que intentan
seguir moviéndose entre las sombras.
Ticupil SA, desde 2008, se propone realizar un country en la
cuenca media del río Chavascate, a 50 kilómetros del centro de la ciudad de
Córdoba. En el lugar se encuentra la toma mediante la cual la Cooperativa de
Agua de Oro abastece de agua 2400
hogares del valle. Las 150 hectáreas donde se prevé emplazar el barrio, junto a
una iglesia del siglo XVII, declarada
monumento histórico nacional, son, según la actual ley de Bosques, zona roja,
es decir, protegida. Por esa razón la Secretaría de Ambiente provincial negó el
permiso de construcción en 2009. Sin embargo, luego de un incendio y de un
nuevo pedido de cambio en el uso del suelo, mediante la resolución
1200/10, la Secretaría de Ambiente de la
provincia autorizó el emprendimiento. Por la decisión, que hace que actualmente
el Estado incumpla la ley que intenta modificar fue imputado el secretario de
Ambiente Raúl Costa.
Ocultar los nombres
En su momento, al emprendimiento de la Villa de Candonga se
lo presentó como
un proyecto de Darío Beccacece, Valentín Jáuregui, hijos de los arquitectos
Rubén Beccacece y Raúl Jáuregui. Estos compartían desde 1978 DYCSA y, desde 2001, Edisur, grupo que
creció de manera exponencial, tras la llegada de José Manuel de la Sota al
poder, principalmente con la realización y comercialización de urbanizaciones
privadas en la zona sur
de la ciudad de Córdoba.
Valentín Jáuregui y Darío Becacese eran estudiantes en 2008,
según consta en el acta de constitución de
la sociedad Tierra con Historia SA, otra de las empresas creadas alrededor
del emprendimiento de Candonga. La sede de la sociedad es Poeta Lugones 188,
allí funcionaba DyCSA.
Tierras con historia está habilitada para desarrollar obras civiles y
urbanizaciones.
A fines de 2011, se constituye una nueva sociedad: Candonga
Tierras con Historia. En la misma participa Ticupil y, representando a la
empresa, como presidente del directorio, Alberto Spagnolo. Spagnolo es
vicepresidente de Cohen SA, compañía presidida por el también ex secretario de
Pequeña y Mediana Empresa de Fernando de la Rúa, Guillermo Busso. Spagnolo y
Busso coincidieron en Chubut durante la gobernación de Carlos Maestro. Ambos
son las cabezas visibles de Cohen SA, que fuera denunciada en 2015 por el entonces
legislador Ricardo Fonseca por lavado de dinero en
la causa Córdoba Bursátil.
Según Fonseca, la causa se encuentra en un punto muerto a
pesar de las pruebas donde, como en el caso Ticupil, se encontraban implicados
altos funcionarios provinciales. “Estaban las pruebas para que fueran todos
presos.” La causa está en manos de del juez federal Bustos Fierro, quien fuera
recusado por presunta “connivencia”
De la Sota.
Fonseca denunció que Cohen SA se había apropiado una de las
carteras de créditos por cobrar del Banco Social y del Banco de Córdoba. Esta
cartera, según las investigaciones realizadas por el ex legislador, contaban
con garantía de la coparticipación provincial por más de 200 millones de pesos.
Cohen además participó, por ejemplo, del fideicomiso financiero lanzado por la
administración de Ramón Javier Mestre en la ciudad de Córdoba para la recomposición
del alumbrado público y los semáforos. En ese caso, el fideicomiso garantizaba,
de la misma manera, el cobro para los gestores. Claro, el modus operandi no es
nuevo.
Vientos del sur
Durante los 90, el titular de Cohen, Guillermo Busso fue
director de Aluar, cuyo dueño, el empresario español Javier González
Quintanilla, se convirtió en principal prestamista del gobierno del Chubut. Los
préstamos llegaron a través de las compañías financieras Argemofin y Argenbur.
De la primera, Busso era el director. De la segunda, presidente. El gobierno de
Carlos Maestro cedió, como garantía de los préstamos, 4 millones de acciones que la provincia
poseía en YPF. El dinero desapareció
rápido de las arcas provinciales.
Argenbur se convirtió en acreedor permanente, con préstamos que se
renovaban incluso cada siete días. En 1999 le vendió al Banco Europeo para
América Latina, con sede en Uruguay, los derechos sobre la deuda refinanciada.
Cobró cerca de 100 millones de dólares. Por entonces ya había vendido las
acciones de YPF a Repsol. Según un informe del estudio Moreno Ocampo – Wortjan
Jofre y la Legislatura provincial, por esta operatoria la provincia del Chubut perdió
700 millones de dólares.
Busso coincidió en su estadía sureña con Spagnolo, quien por
ese tiempo era presidente del Banco del Chubut. Alberto
Spagnolo estuvo imputado en la causa de la informatización de la entidad.
Con ribetes similares al caso IBM –
Banco Nación, se investigó a la empresa alemana por el pago de coimas
millonarias para quedarse con el trabajo. La historia hizo que la dupla
coincidiera también el directorio del Banco Nación. Spagnolo integraba el
directorio cuando se le otorgaron
créditos sin respaldo a la textil Gatic SA, por ejemplo.
La nueva encrucijada
La cuestión parece simple, sin cambio en la ley de Bosques,
difícilmente el emprendimiento de Villa Candonga llegue a puerto. Sin embargo,
el grupo de empresarios que integra Ticupil juega a varias puntas. Víctor
Michelli, gerente de la Cooperativa de Agua de Oro, denunció que de cara a las
elecciones de consejeros de marzo, Ticupil busca desplazarlo de su puesto.
Diego Buteler, licenciado en Comunicación Social, es el
apoderado de Ticupil desde 2008. Según Micheli, estaría diagramando una lista
de consejeros que le permitiera a la empresa proveerse de agua potable. Llevar
agua al barrio privado proyectado sobre una zona roja requeriría millonarias
obras que deberían ser costeadas por todos los socios. “Esto es un halago para
mí honestidad. Como ellos nunca pudieron hacer nada dentro de la Cooperativa,
ahora me quieren sacar”, dice Micheli.
En la Cooperativa aseguran que la lista estaría encabezada
por el ex candidato a intendente macrista de la comuna de El Manzano, Damián
Castro y que Buteler ocuparía uno de los lugares para la elección de marzo.
Hacer la ley
Autoridades provinciales y legisladores oficialistas
insisten en que la nueva Ley de Bosques sólo traería la posibilidad de hacer un
uso más eficiente del suelo y que el monte nativo no correría peligro. En el
caso de Villa Candonga, el emprendimiento fue rechazado en primera instancia
por la Secretaría de Ambiente y en 2010, entre gallos y medianoche apareció la
resolución 1200. En la práctica esta resolución se encuentra vigente, aunque el
entonces secretario de Ambiente se encuentre procesado por dictarla. Tanto los
Vecinos del Chavascate como la Cooperativa de Agua de Oro realizaron sendas
presentaciones para pedir que se la deje sin efecto. En este caso las
autoridades provinciales no tienen el mismo apuro que cuando piensan en
modificar la Ley, que el propio Estado incumple.
Para Víctor Michelli, la Cooperativa de Agua de Oro se
encuentra en un callejón sin salida en el caso de Candonga. Por contrato con
Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba (ERSEP) están
obligados a proveer de agua al emprendimiento. Sin embargo, la contaminación
proveniente de las nuevas construcciones pondría en peligro la concesión del
servicio. La urbanización afectaría la cantidad y calidad del agua desde donde
se provee la Cooperativa, con lo cual la situación podría derivar en un
incumplimiento del contrato con el organismo regulador y su virtual caída.
La venta de lotes de Candonga hace hincapié en la historia y
en el entorno natural. Sin embargo, un Estudio del Instituto Superior de
Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba, realizado para
determinar la calidad actual de las aguas en la zona, encontró contaminación
sólo en uno de los pozos. Según la Asamblea de Vecinos del Chavascate, pertenecería
al restaurant que una de las sociedades que lidera Spagnolo tiene junto a la
antigua capilla.
Michelli explica que la Cooperativa debería proveer a
Candonga también la electricidad. Pero, pasando por alto la concesión a la
entidad, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) realizó hace unos
años una línea de alta tensión que proveyó al emprendimiento privado. Para
Michelli, cada una de las situaciones probaría que por lo menos Ticupil tendría
un trato diferenciado de parte del gobierno provincial. “No solamente tienen
información de privilegio, sino que están relacionados para poder avanzar con
algún tipo de obra”, dice.
Soja y emprendimientos
“La soja y los emprendimientos inmobiliarios se cruzan
permanentemente. Tienen la misma lógica y vienen de la mano”, dice una integrante de la Asamblea de Vecinos del Chavascate. Al parecer todo
tendría que ver con el proceso descripto por Friedrich Wenz, especialista en
agroecología: “apropiarse de la renta y socializar las externalidades negativas
de los procesos”. Para el especialista, el precio final de la soja debería
incluir entre sus costos “la pérdida de suelo, la contaminación del agua y el aire, la pérdida de biodiversidad,
los problemas de salud de los campesinos, entre otros”.
Además de los clientes actuales, la Cooperativa de Agua de
Oro debería abastecer a unos 6000 clientes potenciales. Durante uno de los
fines de semana de enero, la capacidad estuvo al límite. Hace unos años, la
sequía hizo que aprovisionamiento se cortara. Lo mismo pasó tras la creciente de febrero de 2015. Ahí la
provisión de agua se interrumpió por una semana. Las organizaciones
ambientalistas aseguran que los cambios en las cuencas de los ríos provinciales
tienen que ver con el desmonte que necesariamente implican la soja y las
urbanizaciones. Aseguran que la situación se agravaría de aprobarse la nueva
Ley de Bosques.
El precio de un terreno en Villa Candonga tiene un piso de
35 mil dólares. Es decir que, sólo por la venta de los lotes, Ticupil se
aseguraría más de 10 y 15 millones de
dólares. Llevar el agua a los 300 lotes previstos implicaría una obra millonaria
que requeriría la instalación de estaciones de bombeo para subir por casi 11
kilómetros el líquido vital que llega al valle por gravedad. Además aumentaría
necesariamente los costos de potabilización, argumentan en la Cooperativa. La
obra de electrificación corrió por cuenta de la compañía de energía provincial.
La misma suerte correría una ruta que uniría directamente el controvertido
Camino al Cuadrado con el barrio privado de uno de los dueños de Cohen.
Ganancias privadas, socialización de externalidades negativas.
“Nosotros, en el caso Córdoba Bursátil denunciamos la
situación hasta en la ONU, pero no tuvimos respuesta”, se lamenta Ricardo
Fonseca. “Ahora, con la relación que mantienen el gobernador (Juan) Schiaretti
con (Mauricio) Macri, es mucho más difícil que la causa se mueva”.
A pesar de la oposición de entidades ambientalistas y
vecinos, el 1 de marzo, la administración de Schiaretti irá por la reforma de
la Ley de Bosques. Según la norma actual, en las declaradas zonas rojas, se
debe preservar el bosque nativo por sobre cualquier actividad. Los Vecinos del
Chavascate aseguran que, de aprobarse el emprendimiento de Villa Candonga, se
abriría el paso a otras urbanizaciones en zonas rojas de las Sierras Chicas que
agravarían aún más la sustentabilidad futura de las poblaciones del valle. Para
nosotros, “el agua es oro”, dicen los Vecinos del Chavascate. No todos piensan lo mismo.
